El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

Tres años llevamos ya de lucha judicial en la defensa de nuestros derechos constitucionalmente reconocidos, en un caso que, por las más diversas vicisitudes, ha tenido que llegar, por segunda vez consecutiva, a un proceso de apelación, actualmente admitido a trámite.

Y es que se ha tenido que presentar una primera apelación por la no investigación por parte de los órganos competentes de los hechos denunciados, un presunto caso de mobbing y bullying, lo que haría, ante la carga de indicios presentados por la acusación particular de forma más o menos periódica ante el juzgado encargado del caso, que se hubiese estimado dicha apelación.

Nuevo proceso de instrucción, de casi un año de duración, que daría lugar a que, si bien se reconoce la existencia de indicios sobre los hechos denunciados, se insta a denunciar el caso en el juzgado de lo contencioso-administrativo, a pesar de que para poder denunciar un presunto mobbing es necesario que la situación sea prolongada en el tiempo y los plazos en los cuales se pueden denunciar las faltas administrativas resultan, cuando menos, exiguas; además de que el mobbing o mabinga es un delito contemplado en nuestro Código Penal desde la reforma del mismo que ha quedado plasmada en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en la cual se añaden dos puntos más al artículo 173 que contemplan el acoso laboral y el acoso inmobiliario.

Si se hacen cuentas, tenemos una primera instrucción en la cual no se comunica oficialmente el primer sobreseimiento provisional hasta 8 meses después del mismo (julio 2010-febrero 2011), recurso de reposición y nuevo sobreseimiento provisional, casi un año de proceso en total en la primera instrucción. Recurso de apelación, que llega a manos del juez en diciembre y del cual no se logra resolución hasta mayo de 2012, tras alrededor de seis meses; nueva suma de casi otro año más de proceso. Lo que nos llevaría a una nueva instrucción del caso, de alrededor de un año de duración, en el cual se declara ante la juez, se tiene que pelear para conseguir el historial clínico de la demandante (fueron necesarias tres reclamaciones y dos órdenes de la juez), se llaman a declarar a dos personas que se han mantenido alejadas del caso y, a tenor de lo establecido por la juez instructora en el auto de sobreseimiento provisional, parece que han quedado diversas pruebas en el tintero sin investigar.

En una situación como ésta cuál puede ser la línea de actuación por parte del denunciante:

–  En primer lugar, revisar de forma pormenorizada el expediente judicial, a fin de conocer el alcance y profundidad de las investigaciones en la instrucción y tener una cronología suficientemente pormenorizada para denunciar, en su caso, las presuntas dilaciones indebidas.

– En el caso de que hubiese dichas dilaciones y no puedan ser achacadas al que reclama, realizar un  escrito  con  una descripción pormenorizada de los hechos que motivan la reclamación y legalmente basado ante la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de  Justicia que corresponda.

La base principal en la cual establecer nuestra queja sería al artículo 24.2 de la Constitución Española, en el cual se reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y que refuerza lo ya establecido en el punto 1 del mismo artículo, esto es, el derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho que ha sido también reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia de 11 de marzo de 2004, en la cual se reconoce la existencia de una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, incluso cuando éstas se deban a deficiencias estructurales o a la carga de trabajo del órgano judicial encargado del caso.

En suma, aunque somos conscientes de la ingente cantidad de trabajo y los precarios medios con que se encuentran nuestros juzgados, también somos conscientes de nuestros derechos constitucionalmente reconocidos y de los abusos a que puede dar lugar una no aplicación de unos plazos razonables en la administración de justicia para la defensa de estos derechos. Y para muestra un botón, ya que, tras haber dictado la juez instructora del caso providencias, el 29 de mayo de 2012, en las cuales se establecía que la documentación fuese solicitada a la Universidad, quien destruyó en su mayor parte los currículos en cuestión el 8 de junio del mismo año.

Ahora nos queda por ver cuánto tiempo más hemos de esperar para conseguir lo que se ha reclamado desde el principio, a saber, justicia.

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